Eduardo Castro-Wright es investigado por estar vinculado a los sobornos a funcionarios mexicanos durante su gestión entre 2001 y 2004.
CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Castro-Wright, el hombre que le ha costado a Walmart diez mil millones de dólares en Estados Unidos y 91 mil 750 millones de pesos en México por la caída de sus acciones, luego de conocerse un caso de soborno en el que estuvo involucrado en la época en que dirigía la firma en nuestro país, ha visto desplomar su reputación en el mundo de los negocios. Este ejecutivo, quien ayer renunció al cargo que tenía en el consejo de administración de la firma de seguros MetLife, es el actual centro de la investigación que autoridades de Estados Unidos llevan a cabo por posibles violaciones a la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero. De acuerdo con la aseguradora, el ejecutivo decidió abandonar su puesto por “cuestiones personales”. El propio Castro-Wright envió una carta a la firma, donde señaló que renunciaría debido a “los últimos acontecimientos, los cuales ahora requieren de toda su atención”.
Debacle
En Walmart, este hombre de 56 años de edad ha ido perdiendo influencia. En 2001 llegó a encargarse de la división mexicana y catapultar sus ventas y construcción de unidades, con metas de crecimiento “muy agresivas”, que exigían la apertura de mas tiendas “en un tiempo récord.” Según la investigación de The New York Times, “los ejecutivos de Walmart de México estaban bajo presión para hacer lo que fuera necesario para obtener los permisos, al punto que se gastaron alrededor de 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos”. Luego de lograr entre 2001 y 2004 abrir entre 45 y 53 tiendas por año en el país, Castro-Wright fue promovido “con honores” por su “éxito”. Fue ascendido como CEO de Tiendas Walmart en Estados Unidos, y se le consideraba como posible sucesor de Lee Scott, CEO global de la compañía, puesto que obtuvo Mike Duke en 2009. Sin embargo, fue degradado a vicepresidente por las bajas ventas y una mala estrategia que coartó el crecimiento de la compañía.
Luego de que el año pasado anunciara su retiro de la compañía para el 1 de julio de 2012, en momentos en que se iniciaba la investigación por corrupción en el extranjero por parte de las autoridades estadunidenses, Castro-Wright estaba a cargo de la estrategia de comercio electrónico para la empresa, el desarrollo de un ala llamada Labs Walmart, cuyo objetivo era aprovechar el poder de las redes sociales para impulsar las ventas. Bajo su acuerdo de jubilación, Castro-Wright, quien ha estado con Walmart por una década, recibirá un millón de dólares como salario básico por el año fiscal 2012 que terminó en enero, y luego una reducción a 666 mil 250 dólares para el resto del periodo, según un documento al regulador estadunidense.
Posteriormente recibirá pagos por un total de 2.1 millones de dólares en cuotas hasta julio de 2014, y obtendrá 42 mil 35 acciones el 31 de enero de 2013. Crearán un puesto para evitar los sobornos Walmart Stores Inc. dijo ayer que está creando una posición ejecutiva para supervisar el cumplimiento de la ley estadunidense que prohíbe sobornar a funcionarios extranjeros.
“El establecimiento de un nuevo ejecutivo global para el cumplimiento de la ley contra prácticas corruptas en el extranjero, es uno de los pasos que la compañía ha dado desde el año pasado para hacerse cargo de los asuntos de soborno desde que emergieron”, dijo el portavoz David Tovar en un comunicado. Además, agregó, también “nombramos a un director de cumplimiento con la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en México que reportará directamente a nuestro funcionario global en Bentonville”. El directivo aseguró que “Mike Duke instruyó a la compañía a que realizara una revisión sobre el cumplimiento con la FCPA, diseñada para asegurar el uso de políticas y procedimientos efectivos en todos los países donde tenemos operaciones”. Según Tovar, el ejecutivo, que también se señala como implicado en el caso, ha estado totalmente de acuerdo en que la investigación independiente se lleve a cabo en México, con la supervisión del Comité de Auditoría.
En Estados Unidos existe la Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero), la cual prohíbe a las compañías listadas en la Securities Exchange Commission (SEC) pagar sobornos a servidores públicos, y también obliga a dichas firmas a tener un estricto control de cualquier transacción, con el fin de evitar esas prácticas.
Inclusive, dicha ley se ha replicado en países como Brasil, Alemania y Japón, aunque con adaptaciones. La FCPA no sólo castiga a las personas implicadas en los casos de sobornos, sino que también puede aplicar millonarias multas.
La firma va por cambios a la ley Según una investigación realizada por el diario The Washington Post, Walmart ha participado en una campaña de cabildeo agresiva para la modificación de la ley contra el soborno en el extranjero que se aplica en Estados Unidos, norma que la empresa ha violado en México. Ha impulsado que las autoridades vuelvan a examinar cómo es que se hace cumplir la ley, y se ha centrado en un brazo poco conocido pero bien financiado de la Cámara de Comercio de EU, donde un alto ejecutivo de Walmart se ha sentado en el Consejo de Administración durante casi una década.
Este organismo denominado Instituto de la Cámara para la Reforma Legal, que busca que se cambie la Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA), ha cabildeado desde hace varios meses con legisladores para lograr el cometido. Dicha Cámara dio a conocer un documento con 28 páginas donde detalla una lista de “deseos” para reformar algunas partes de FCPA, entre ellos el que tiene que ver con la palabra extranjero. Las medidas propuestas limitan la responsabilidad de una empresa por las acciones de sus subsidiarias en otras naciones. Ese impulso ha continuado este año, y funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC se han reunido con una amplia gama de grupos de la industria, con respecto a la orientación que van a tomar en los próximos meses. En febrero, la Cámara se dedicó a juntar grupos, incluyendo la American Gaming Association, el Faulkner County Farm Bureau y el Retail Industry Leaders Association, para firmar una carta de 11 páginas y pedir públicamente a los funcionarios federales que modifiquen los estatutos.
Mukasey, un ex funcionario del Departamento de Justicia y que está contratado por la Cámara, señaló que en los últimos dos años la firma que encabeza ha recibido más de 200 mil dólares en honorarios por parte de la industria para trabajar en que haya “aclaraciones” de la ley a corto plazo.
Diputados mexicanos piden sancionar a firmas corruptas
Para evitar que la corrupción invada el sector privado e involucre a servidores públicos, la Cámara de Diputados propone sanciones penales hasta por 12 millones de pesos (200 mil veces el salario mínimo), para aquellas empresas que caigan en corruptelas, pero también si evaden el fisco, lavan dinero o extorsionan.
De acuerdo con el diputado Humberto Benítez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, la idea es que “a las personas morales les ponemos una multa hasta de 200 mil veces el salario mínimo, lo suspendemos, decomisamos sus activos, los liquidamos, publicamos su sentencia como en este asunto que estamos conociendo, para desacreditarlos frente a la opinión pública”.
Esta pena es para las personas morales, enfatizó el también legislador priista, y destacó que en el caso de las personas físicas que delincan, los particulares o los integrantes y responsables de las propias empresas “las metemos a la cárcel”. Benítez dijo que a las empresas que caigan en un supuesto de esta naturaleza se les aplicarían estas sanciones que en materia global no son nuevas, pues en circunstancias similares se aplican ya en otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España. El diputado dijo que en no pocas ocasiones las empresas “se constituyen para dos cosas: primero, para evadir sus obligaciones fiscales, y segundo, para realizar delitos graves como lavado de dinero, extorsión, trata de personas, cohecho o pornografía infantil”. Benítez ratificó que habría “pena de prisión para las personas morales”.
Fuente original: Vanguardia.com.mx
Tras el eslabón perdido de la dignidad mercantil
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